Su estratégica ubicación en el Caribe insular ha hecho de la República Dominicana un país caracterizado por una triple condición: es emisor, receptor y puerto de tránsito para los migrantes del mundo. Asimismo, la isla es una de las pocas del mundo cuyo territorio se divide en dos Estados independientes.
A pesar del contexto expuesto, el régimen de extranjería en la República Dominicana tuvo una expresión institucional 100 años después del advenimiento de la Independencia Nacional en el año 1844, y el tratamiento de la temática mantuvo en general un régimen normativo fundado en la Constitución que creaba el Ministerio de Interior y Policía. Cronológicamente le siguieron la Ley General de Migración No. 95 del 14 de abril del 1939 y su Reglamento de Aplicación y la Ley No. 1683 sobre Naturalización, modificada en el aspecto de las Naturalizaciones Privilegiadas por la Ley No. 46 de ese mismo año.
Estas leyes se constituían en instrumentos desfasados para responder a los retos del momento histórico, por lo que el país se avocó a la promulgación de disposiciones sueltas que afectaban el régimen de migración y extranjería, pero que no concentraban en un sola herramienta jurídica las reglamentaciones necesarias; a saber, la Ley No. 16-92 que creó el Código de Trabajo, que dispuso medidas para la protección del mercado laboral y el Código del Menor, que estableció restricciones a la salida de menores de edad; así como la Ley No. 137-03 que sancionó el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y las disposiciones del Decreto No. 1569 del 15 de noviembre de 1983, que creó e integró la Comisión Nacional para los Refugiados y su Reglamento No. 2330, del 10 de septiembre de 1984, entre otras.
Ante esta situación, el país se vío en la obligación de brindar una respuesta funcional, práctica y moderna a los retos de un mundo en cambio, interdependiente y global, caracterizado por un creciente fenómeno de migración internacional, que debe ser reconocido y reglamentado en concordancia con los preceptos del Derecho Internacional, observando las buenas prácticas y amparándose en planteamientos científicos y objetivos.
Y es precisamente en este entendido que el 27 de agosto de 2004, fue promulgada la Ley General de Migración No.285-04 en la cual se contempla la creación de un organismo pericial y de asistencia técnica que pudiese de forma objetiva formular propuestas de políticas públicas en materia migratoria, el Instituto Nacional de Migración, cuya función principal consiste en el “diseño, promoción y ejecución de estudios sobre las migraciones internacionales, y en general trabajará en toda actividad técnica relacionada con esta materia.”
Siete años más tarde se promulgó el Reglamento de Aplicación No. 631-11, el cual creó la Escuela Nacional de Migración, entidad “adscrita al Instituto Nacional de Migración, la cual tendrá a su cargo la formación y capacitación de los inspectores, oficiales de control migratorio y demás personal de la D.G.M.”
A pesar de encontrarse legalmente constituido, la carencia de impulso político impidió la temprana materialización de la institución y no es sino hasta el año 2013- a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) y de la subsiguiente Reforma Migratoria- que el gobierno dominicano emitió el Decreto No. 326-13, inmediatamente anterior al que instituyó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Estatus Migratorio Irregular, mediante el cual se designó a la Directora Ejecutiva del Instituto, Florinda Genoveva Rojas.
Diseñar propuestas de políticas públicas sobre los flujos migratorios y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes nacionales y extranjeros
Ser la institución gubernamental de mayor referencia, que oriente y sensibilice al Estado y a la sociedad sobre los alcances de los fenómenos migratorios en la República Dominicana.
a) Llevar a cabo investigaciones sobre las causas, consecuencias e impacto económico, político, social y cultural de las migraciones en la República Dominicana, cuyos resultados son remitidos al Consejo para el diseño de políticas migratorias.
b) Diseñar, promocionar y realizar estudios migratorios.
c) Organizar y programar actividades técnicas nacionales e internacionales sobre la materia migratoria
d) Generar los informes necesarios que sirvan de apoyo técnico para la celebración de las sesiones del Consejo Nacional de Migración
– Ley Núm. 285-04, General de Migración de fecha 15 de agosto del 2004. Publicada en Gaceta Oficial No. 10291 del 27de agosto de 2004.
– Reglamento de aplicación de la Ley General de Migración, Núm. 631-11 de fecha 19 de octubre del 2011. Publicada en la Gaceta No. 10644 del 19 de octubre de 2011.
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