En el artículo 16 de la Ley Núm. 1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, relativo al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dispone que en el diseño y ejecución de los programas, proyectos y actividades en que se concretan las políticas públicas, se deberá promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos.
La alta incidencia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de las actividades económicas, sociales y gubernamentales, hace imprescindible la adopción de medidas que garanticen la protección de los activos críticos de información del Estado y la seguridad de la información por parte de las instituciones públicas y privadas y demás sectores que han incorporado el uso de estas tecnologías.
Conscientes de la necesidad de implementar instrumentos indispensables para responder a las nuevas amenazas que afectan a las naciones y sus ciudadanos, los Estados integrados en los principales organismos internacionales han acordado la realización de esfuerzos mancomunados para la adopción de estrategias integrales sobre ciberseguridad que tengan impacto nacional, regional y mundial para prevenir eficazmente el riesgo ante cualquier ataque cibernético y poder responder a éstos en caso de que se presenten.
La ciberseguridad constituye la garantía para que los Estados salvaguarden sus infraestructuras críticas y el derecho de sus habitantes de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera segura y confiable, basándose en la colección de herramientas, dispositivos, regulaciones y mejores prácticas para proteger el ciberespacio y los activos de los usuarios y organizaciones.
Mediante la Resolución Núm. 158-12, del 11 de junio de 2012, del Congreso Nacional, el Estado dominicano ratificó el Convenio sobre la Cibercriminalidad, suscrito en Budapest el 23 de noviembre de 2001, cuyo objetivo es la prevención de los actos que pongan en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de éstos, y el establecimiento de esfuerzos comunes para luchar contra tales delitos y proveer a las autoridades competentes de las herramientas para investigarlos y perseguirlos penalmente.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021 establece las líneas de acción a ser implementadas para mitigar el riesgo y minimizar el impacto de las amenazas cibernéticas en los sistemas de información y proteger las infraestructuras críticas para que la población utilice de manera confiada los servicios que se ofrecen a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También, resulta de alto interés el establecimiento de un Equipo de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de la República Dominicana (CSIRT-RD) para prevenir, mitigar y responder a los incidentes cibernéticos.
En tal sentido, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021 debe contemplar la creación de un órgano responsable de coordinar las acciones relacionadas con la ciberseguridad en el ámbito nacional, por lo cual mediante el Decreto Núm. 230-18, del 19 de junio de 2018, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad como una dependencia del Ministerio de la Presidencia de la República, cuya responsabilidad es la elaboración, desarrollo, actualización y evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021, la formulación de políticas derivadas de dicha estrategia y la definición de las iniciativas, programas y proyectos que lleven a la realización exitosa de ésta, así como la prevención, detección y gestión de incidentes generados en los sistemas de información relevantes del Estado e infraestructuras críticas nacionales.
Velar por el establecimiento de los mecanismos adecuados de ciberseguridad que protejan al Estado, a los ciudadanos y a los sectores productivos, para el desarrollo y la seguridad nacional a través de la continuidad, actualización y evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la formulación de políticas derivadas de dicha estrategia y la definición de las iniciativas, programas y proyectos que lleven a la realización exitosa de la misma, así como la prevención, detección y gestión de incidentes generados en sistemas de información del gobierno y en las infraestructuras críticas nacionales.
Ser un ente de referencia en el establecimiento de las mejores prácticas de aseguramiento del ciberespacio dominicano.
a) Articular, alinear e insertar en los entes y órganos del Estado las distintas iniciativas en materia de ciberseguridad.
b) Prestar asesoría en la ejecución de las iniciativas en materia de ciberseguridad.
c) Celebrar contratos, acuerdos y convenios en materia de ciberseguridad.
d) Recomendar la adhesión de la República Dominicana a los acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia de ciberseguridad.
e) Incentivar una cultura de resguardo, control y manejo adecuado de la información de los entes del Estado.
f) Impulsar y promover, a nivel nacional, los aspectos jurídicos, tecnológicos, de formación y de gestión de la ciberseguridad.
g) Coadyuvar en el establecimiento de líneas de investigación asociadas al área de ciberseguridad del Estado dominicano.
h) Colaborar y proponer legislación, normas y estrategias destinadas a incrementar los esfuerzos con la finalidad de aumentar los niveles de seguridad en los recursos y sistemas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Liderar actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización en la prevención de incidentes cibernéticos y en el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación a las instituciones del Estado.
j) Ser el punto de contacto entre el Estado dominicano y otros organismos nacionales e internacionales de similar naturaleza.
k) Apoyar a las fuerzas de orden y cuerpos de seguridad e investigación para la prevención e investigación de crímenes y delitos que involucren tecnologías de la información y comunicación en sistemas informáticos de los órganos y entes del Estado.
l) Elaborar y difundir recomendaciones, buenas prácticas y estándares en materia de protección de activos de información críticos.
m) Emitir su opinión cuando le sea solicitada o cuando por la naturaleza del incidente de ciberseguridad estime pertinente.
n) Cualquier otra función que le sea encomendada para garantizar la seguridad en los sistemas informáticos de las entidades del Estado.
-Decreto Núm. 230-18, del 19 de junio de 2018, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021 y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad como una dependencia del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana.
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