La Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), fue creada por el  Artículo 1 del Decreto Núm. 235-97, del 16 de mayo del año 1997, al disponer que  “Se crea bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas la "Oficina Encargada  de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados", la cual deberá velar por el  mantenimiento, protección y cuidado de los bienes incautados por violación a la Ley  No. 50-88 y sus modificaciones. 

Más tarde, en junio del año 2002 se promulga la Ley Núm. 72-02, sobre Lavado de  Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras  Infracciones Graves, que deroga el Decreto Núm. 235-97, y a su vez en su Artículo  58, crea la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y  Decomisados, adscrita al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos;  básicamente las atribuciones que esta Ley le otorga a la OCABID, están contenidas  en los artículos del 14 al 17, que disponen el destino de los bienes incautados y decomisados colocados bajo la administración de esta Oficina. En ese mismo orden, el Poder Ejecutivo emite el Decreto Núm. 19-03, del 14 de enero del año 2003, que  establece el procedimiento para el funcionamiento de la OCABID. Este decreto, fue  suprimido por el Decreto Núm. 571-05, del 01 de enero del año 2005, que regula la  administración y destino de los bienes incautados en los procesos penales.

Posteriormente en el año 2017, se promulga la Ley Núm. 155, que deroga la Ley  Núm. 72-02, dejando vigentes los Artículos 14,15, 16, 17 y 33, que disponen lo  relativo al destino de los bienes y la distribución del dinero obtenido producto de la  venta anticipada de los bienes incautados y decomisados. 

Mediante la Ley Núm. 60-23, del 27 de octubre de 2023, para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, se crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extincion de Dominio (INCABIDE), provisto de personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Garantizar la protección y conservación de los bienes incautados y decomisados, a  través la implementación de procesos de administración transparentes que  contribuya al fortalecimiento del estado de derecho del país.

Ser una institución transparente, reconocida por la gestión eficiente bienes  incautados y decomisados y la consecuente contribución a la prevención del  consumo de drogas y la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del  terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Valores:

▪ Eficiencia

▪ Transparencia

▪ Responsabilidad

▪ Integridad

a) Establecer las medidas, estrategias y líneas de acción para el cumplimiento del objeto de esta ley.

b) Disponer normativas que garanticen la debida conservación de los bienes incautados, secuestrados o abandonados en un proceso penal, hasta su destino final.

c) Asesorar, en materia de administración y destino de bienes incautados, secuestrados o abandonados, en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.

d) Promover cursos de capacitación para el personal encargado de la administración y destino de bienes incautados, secuestrados o abandonados en procesos penales o en juicios de extinción de dominio.

e) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y disposiciones relativas a la administración y destino de bienes incautados, secuestrados, abandonados y decomisados en procesos penales y en juicios de extinción de dominio.

f) Velar por el cumplimiento de las políticas públicas relativas a los bienes incautados, secuestrados, abandonados o decomisados en procesos penales y juicios de extinción de dominio.

g) Realizar las inspecciones y establecer controles a fin de garantizar la correcta custodia y conservación de los bienes incautados, secuestrados, abandonados o decomisados en procesos penales y en juicios de extinción de dominio.

h) Otras atribuciones que disponga el reglamento de aplicación relacionadas y vinculadas a las establecidas por esta ley.

Ley Núm. 155-17, que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.

Ley Núm. 72-02, Contra el Lavado de Activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias.

Ley Núm. 60-23, para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, del 27 de octubre de 2023 y crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extincion de Dominio (INCABIDE)

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