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Detalles del Organismo


Información general del organismo

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

MIVHED

Presidencia de la República

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8092275803

http://invi.gob.do/

Otras informaciones

Historia

Desde la Constitución de la República se cita, en el literal b del numeral 15 del Artículo 8, el interés social de que cada hogar dominicano se establezca en terrenos propios; y se asigna al Estado la responsabilidad de crear las condiciones que hagan posible la posesión de una vivienda cómoda e higiénica por todos los dominicanos.

La Ley núm. 160-21 suprime al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado (PISOE), mientras que se transfieren las funciones y facultades consignadas a estas instituciones al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), condolidandose como único organismo del Estado encargado de la coordinación y ejecución de las políticas relacionadas a la construcción y reparación de viviendas dignas y la construcción de todo tipo de edificaciones públicas. 

A principios de los años cincuenta, mediante la Ley Núm. 3024, se instituye un organismo que tendría por finalidad adquirir solares y construir viviendas para alistados de las Fuerzas Armadas, al que años más tarde también se le suma la Policía Nacional. En el año 1961, mediante el Decreto Núm. 6759, se le asigna a la Secretaría de Estado de Agricultura la construcción y distribución de viviendas para los campesinos; y en ese mismo año, con la promulgación de la Ley Núm. 5748, se declaran Bien de Familia las casas que el Estado transfiera en propiedad, gratuitamente, a particulares; tratando de evitar así su posible transferencia a otras personas, hecho que sólo sería permitido bajo circunstancias especiales previstas por la misma Ley.

Ya en 1962 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, mediante la Ley Núm. 5892, como una entidad autónoma especializada que tendría a su cargo la actividad constructora de viviendas urbanas y rurales con la colaboración de los futuros ocupantes, teniendo, además, la potestad de señalar al Poder Ejecutivo los casos de expropiación por causa de utilidad pública necesarios para la ejecución de programas de viviendas.

Dicha Ley fue objeto de varias modificaciones posteriores; una de las más importantes es la correspondiente al 27 de agosto de 1962, Ley Núm. 6017, que establece que este Instituto estará exento del pago de impuestos, derechos y tasas o contribuciones nacionales o municipales, como forma de ampliar su cobertura de servicios. Dos años más tarde, la Ley Núm. 472 constituye en Bien de Familia los inmuebles adjudicados por el INVI a la ciudadanía.

Para el año 1965, la Ley Núm. 596 establece que el capital de esta institución estará constituido por los aportes que realiza el Estado Dominicano para el desarrollo de los programas de construcción de viviendas. Al transcurrir de los años, la Ley Núm.195 del 1971 añade un párrafo al Art. 16 de la Ley Núm. 301 de 1964, donde se le prohíbe a los notarios autorizar traspasos sobre edificios multifamiliares o unifamiliares construidos por el Estado e instituidos como Bien de Familia, sin la debida comprobación de las exigencias de la Ley.

El Decreto Núm. 464 de 1982 crea la Comisión Coordinadora del Sector Habitacional, la cual tendría como función sugerir a Poder Ejecutivo los proyectos de leyes o decretos que permitieran la creación de los organismos que dinamizaran los programas habitacionales a nivel general; esta comisión estaría presidida por el Director del Instituto Nacional de la Vivienda.

Al año siguiente, la Ley Núm. 151 crea un fondo especial para la construcción de viviendas de interés social, destinado a proveer recursos complementarios para el desarrollo de los planes de construcción de viviendas, y a su vez, se autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir y negociar certificados de crédito impositivo que formarían parte de dicho fondo y sólo podían ser invertidos en el financiamiento de proyectos específicos de construcción de viviendas.

En el año 1984, mediante el Decreto Núm. 2313, se dispone que el Gobierno Central asumiera la conclusión de los proyectos habitacionales Invivienda de Santo Domingo y Santiago, por considerar a éste con mayor posibilidad de obtener los fondos necesarios para tales fines. Dichos proyectos fueron nueva vez transferidos al Instituto Nacional de la Vivienda en 1988, mediante el Decreto Núm. 425, para su terminación y administración.

Con el interés de fortalecer la labor desarrollada por el Instituto, en 1997, mediante el Decreto Núm. 471-97, se le transfiere la administración y el uso de los recursos económicos de los proyectos habitacionales construidos por el Gobierno Central en los pasados 10 años para su capitalización, y se traspasan los proyectos en ejecución de algunas dependencias centralizadas del Estado. Un año más tarde se crea el Programa de Subsidio Habitacional denominado Bono para la Vivienda, el cual pretende subsidiar a familias con bajos ingresos mensuales que no posean vivienda propia y que cumplan con requisitos establecidos por dicho Decreto.

Ya para el 2001, el Decreto Núm. 466-01, del mes de abril, integra al Instituto Nacional de la Vivienda al Gabinete Social como un órgano institucional en lo relativo a vivienda. En el año siguiente, el Decreto Núm. 45-02, del 1ro. de enero, crea el Consejo Nacional de la Vivienda Económica, con el objetivo de coordinar las acciones del sector y ejecutar un programa de viviendas calificadas como económicas, a ser desarrollado por el sector privado con respaldo del Gobierno Central e incluye al Director del INVI dentro del mismo. En ese mismo año se emiten Decretos para asegurar que las viviendas asignadas por el Estado sean ocupadas por sus beneficiarios y sus familiares.

El Decreto Núm. 256-02 establece el Consejo Consultivo del INVI, y el Núm 252-02 establece los límites de tiempo en el cual deben completarse los pagos de viviendas y las tasas de interés que se aplicarán a los deudores.

 

Misión

Formular, diseñar y ejecutar proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores, tanto público como privado en la producción de viviendas para cumplir con el logro de los objetivos del Estado Dominicano referente a la política de vivienda, para beneficiar con un techo seguro a cada familia que no posea vivienda propia, cumpliendo así su rol social.

 

Visión

Ser la institución rectora del sector vivienda ene le cumplimiento de las política habitacional implementada por el Estado Dominicano, en su objetivo de disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, fundamentados en nuestra vocación de servicio para cubrir las necesidades de las necesidades de las familias mas necesitadas integrando todos los sectores.

Valores

  • Liderazgo
  • Responsabilidad Social
  • Solidaridad
  • Vocación de servicios
  • Transparencia
  • Calidad  

Funciones

 

a)    Dirigir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas de vivienda digna, asentamientos humanos y edificaciones;

b)   Emitir las licencias para la construcción de edificaciones públicas y privadas;

c)    Emitir y gestionar las reglamentaciones técnicas de las edificaciones públicas y privadas;

d)    Ejecutar las políticas, planes, programas, objetivos e instrumentos para la producción de viviendas dignas, asentamientos humanos y edificaciones, obras conexas y equipamientos de acuerdo con los instrumentos de ordenamiento territorial vigente;

e)    Coordinar la formulación, gestión y promoción de la política para la producción social de viviendas, la renovación urbana y otras iniciativas familiares y colectivas de producción de viviendas;

f)     Garantizar la articulación y eficacia de los procesos de planificación, financiamiento y producción de la vivienda y el hábitat, promoviendo la participación de los sectores público, social y privado;

g)    Formular mecanismos de estímulo a la producción social del hábitat, a la vivienda sostenible de interés social, a la renovación urbana y a la vivienda en general para la superación del déficit habitacional, la vivienda precaria y disminución de la pobreza;

h)    Establecer y promover los mecanismos de inversión y participación del sector privado en la producción de viviendas de interés social y a soluciones de viviendas en general y de las edificaciones públicas, obras conexas y los equipamientos que requiera el interés general de la nación;

i)     Establecer la concertación de alianzas público-privadas y esquemas de cooperación comunitaria para la producción de vivienda sostenible social y sus diferentes modalidades, así como la vivienda en general, en interés de disminuir significativamente el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas;

j)     Aprobar la asignación de bonos, créditos y subsidios de vivienda;

k)    Establecer la creación de mecanismos para la obtención de recursos financieros, orientados al financiamiento de viviendas y edificaciones;

l)     Elaborar planes y programas necesarios para el desarrollo de las viviendas y sus fines;

m)  Establecer por vía reglamentaria las diversas categorías de clasificación de las viviendas, tomando en consideración su costo de producción, su precio, sus características de construcción, la composición de la familia, el segmento de la población al cual están dirigidas y la función social de la vivienda, lo que servirá como guía para la elaboración y aplicación de las políticas habitacionales;

n)    Coordinar y formular normas y reglamentos relativos a las características y construcción de viviendas y asentamientos humanos que garanticen el derecho a la vivienda digna y adecuada según las características socioculturales del país;

o)    Establecer e implementar un sistema de registro de oferta y demanda de vivienda estadístico relacionado con la vivienda y asentamientos humanos a nivel nacional, en vista de garantizar el derecho a la vivienda, en colaboración con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE);

p)    Establecer, administrar y adecuar los registros creados en esta ley;

q)    Conceder habilitación y autorizaciones correspondientes de los gestores urbanos, los supervisores técnicos privados, los evaluadores estructurales, los laboratorios aptos para ensayos, los evaluadores de estudios geotécnicos y los maestros constructores, conforme a los procedimientos y requerimientos que se establezcan por vía reglamentaria;

r)    Desarrollar programas de capacitación, orientación, asesoramiento y ayuda técnica, en favor de los grupos sociales, entidades y empresas vinculados al sector vivienda, edificaciones y equipamientos;

s)     Recomendar al Presidente de la República la declaratoria de utilidad pública de los terrenos urbanos o urbanizables que califiquen para el desarrollo de proyectos habitacionales y que resulten de interés para la ejecución de los planes de fomento y promoción a la vivienda, de conformidad a las leyes vigentes;

t)     Servir de enlace para el acceso a los distintos tipos de seguridad jurídica de la tenencia del suelo y la propiedad de la vivienda, mediante la utilización de medios legales, confiables y expeditos;

u)    Suscribir acuerdos sociales, de iniciativas encaminadas a disminuir el déficit habitacional en el país y demás problemas vinculados con la vivienda;

 

 

Base legal

- La Constitución Política de la República Dominicana, 13 de junio de 2015;

- La Ley Núm. 5892, del 12 de mayo de 1962, Gaceta Oficial Núm. 8663, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, y sus modificaciones;

- La Ley Núm. 200-04 del 28 de julio del 2004, que crea la Oficina de Acceso a la Información, y su reglamento de aplicación establecido mediante el Decreto No. 130-05 del 25 de febrero del 2005;

- La Ley Núm. 423-06, del 17 de noviembre del 2006, Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público;

- La Ley Núm. 449-06, del 06 de diciembre del 2006, que modifica la Ley Núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones;

- La Ley Núm. 498-06, del 27 de diciembre del 2006, que instituye el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública;

- La Ley Núm. 10-07, del 08 de enero del 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno;

- La Ley Núm. 05-07, del 05 de enero del 2007 que Crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado;

- La Ley Núm. 41-08 de Función Pública del 16 de enero de 2008, que crea la Secretaría de Estado, hoy Ministerio, de Administración Pública;

- La Ley Núm. 247-12, Ley Orgánica de Administración Pública, del 09 de agosto del 2012;

- Decreto Núm. 527-09, que aprueba el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial del Sector Público;

- La Resolución de Adendum No.001-2019 de fecha 17 de octubre del año 2019 que modifica la estructura organizacional del INVI.

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