A finales del año 1954 el Poder Ejecutivo declara de alto interés nacional la adquisición por el Estado de varias empresas de servicios públicos, entre estas las de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica; con el propósito de asegurar a la Nación un suministro continuo y permanente de energía.
Esta disposición se oficializa mediante la Ley Núm. 4018 y se asigna a la Comisión de Fomento para que dirija dicho proceso. Un año más tarde el Estado adquiere dichas empresas. Ya para el año 1984 se aprueba el Reglamento General para regir la relación de la Corporación Dominicana de Electricidad con los usuarios, donde se pautan las reglas que regirán dicha relación.
En 1993, con el Decreto Núm. 148-93, se crea el Consejo Nacional para la Energía, que tendría dentro de sus funciones reglamentar y organizar las estrategias concernientes al sector eléctrico. En el año 2001, con la aprobación de la Ley General de Electricidad, Núm. 125-01, se crea la Comisión Nacional de Energía con la finalidad de asesorar al Estado en materia de explotación, producción y transmisión de energía y se le traspasan todas las funciones del anterior Consejo Nacional de Energía.
a) Analizar el funcionamiento del sector energía y todas sus fuentes de producción y elaborar, coordinar y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones necesarias a las leyes, decretos y normas vigentes sobre la materia.
b) Proponer, adoptar políticas y emitir disposiciones para el buen funcionamiento del sector, así como aplicar normas de preservación del medio ambiente y protección ecológica a que deberán someterse las empresas energéticas en general.
c) Estudiar las proyecciones de la demanda y oferta de energía; velar porque se tomen oportunamente las decisiones necesarias para que aquella sea satisfecha en condiciones de eficiencia y de óptima utilización de recursos.
d) Promover la participación privada en su ejecución y autorizar las inversiones que se propongan efectuar las empresas del sector.
e) Velar para que se apliquen programas óptimos de instalaciones eléctricas, que minimicen los costos de inversión, operación, mantenimiento y desabastecimiento.
f) Informar al Poder Ejecutivo, en los casos que determine el reglamento, las resoluciones y autorizaciones y demás actos de las autoridades administrativas que aprueben concesiones, contratos de operación o administración, permisos y autorizaciones, en relación con el sector, que se otorguen o celebren en cumplimiento de las leyes y sus reglamentos.
g) Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector energía y evitar prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en régimen de competencia.
h) Promover el uso racional de la energía.
i) Requerir de la Superintendencia de Electricidad, de los servicios públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de esos antecedentes e informaciones obligados a proporcionarlos en el más breve plazo.
j) Requerir de las empresas del sector y de sus organismos operativos, los antecedentes técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, los que estarán obligados a entregar las informaciones solicitadas.
k) Cumplir las demás funciones que las leyes y el Poder Ejecutivo le encomienden, concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector.
l) Someter anualmente al Poder Ejecutivo, y al Congreso Nacional un informe pormenorizado sobre las actuaciones del sector energético, incluyendo la evaluación del plan de expansión, de conformidad con la presente Ley y de sus reglamentos.
